Foto: Tima Miroshnichenko/Pexels.
Hace casi 20 años durante la presidencia de Vicente Fox fue aprobada en México la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. A lo largo de estas dos décadas, la ley ha experimentado cambios importantes como la ampliación de quién debe responder a las solicitudes, incluidos los partidos políticos y los sindicatos.
Al mismo tiempo, México ha sufrido la llamada “Guerra contra las Drogas”, que comenzó en 2006 y ya ha dejado más de 60.000 desaparecidos. De 2006 a 2019, fueron ubicadas más de 3.600 fosas clandestinas en el país.
Investigar la expansión del narcotráfico y la impunidad resultante ha sido un desafío para los periodistas en uno de los países más mortíferos en el mundo para los trabajadores de la prensa. Los reporteros deben navegar por investigaciones e información que puede afectar a los cárteles de la droga, grupos del crimen organizado, fuerzas de seguridad y políticos.
Ante este dilema, los periodistas mexicanos están utilizando la ley de información pública para descubrir los oscuros mundos del narcotráfico y la lucha del Estado contra él. Es una forma de mostrar contradicciones en el discurso y las cifras oficiales. Una manera de mostrar la impunidad en los homicidios. Una forma de retratar a los narcotraficantes. Y, para algunos, también es una forma de evitar los riesgos de investigar en persona, aunque no siempre.
LatAm Journalism Review (LJR) conversó con tres periodistas de investigación mexicanas que han utilizado solicitudes de información pública en sus reportajes sobre el tráfico de drogas y la lucha del gobierno contra él.
Develar la impunidad
“Las solicitudes de información nos permiten a los periodistas de investigación fiscalizar a las autoridades”, dice Zorayda Gallegos a LJR y explica que varias de sus investigaciones “parten de expedientes judiciales que he obtenido a partir de las solicitudes de información”. Una de ellas es “El otro fracaso de la Guerra contra el narco”, un trabajo que “refleja la debilidad de la inteligencia de la investigación de las autoridades”.
El gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) usó el término “objetivos prioritarios” para referirse a integrantes del crimen organizado mientras que Felipe Calderón (2006-2012) los llamaba los “más buscados”. Estas personas tenían dominio o control del territorio, algunos eran grandes capos como Joaquín Guzmán Loera, el ‘Chapo Guzmán’, y otros poco conocidos, pero también parte de grupos delictivos.
Zorayda Gallegos se planteó las preguntas: ¿quiénes eran las personas detrás de los carteles?, ¿a qué cartel pertenecía, cuáles eran sus zonas de operación? Esas preguntas las formuló en solicitudes de información. Sin embargo, la autoridad le negó los datos por lo que presentó un recurso de revisión e impugnó ante el Instituto Nacional de Transparencia e Información Pública (INAI).
Superado ese reto, la siguiente duda fue saber qué pasó con ellos, cuántos habían sido sentenciados. La autoridad también le negó la respuesta y ella, otra vez , presentó recursos de revisión.
“Lo máximo que logro es que me digan cuántos de ellos tenían sentencia irrevocable, una condena que ya no tenga medida de impugnación”, explica.
A la par de ese proceso, usó herramientas digitales como sitios de consultas legales como Búho Legal, Poder Judicial Virtual y también sitios gubernamentales como el Seguimiento Integral de Expedientes, el Diario Oficial de la Federación, entre otros recursos. Para Zorayda Gallegos, esto implicó entender cómo funciona el Poder Judicial, saber en qué consiste una sentencia.
Con esta investigación confirmó las contradicciones del discurso oficial.
“Una vez que se apagaban las cámaras, cuando los dejaban de exhibir y los llevaba a que siguieran su proceso penal, muchas de estas personas eran liberadas a los meses porque no había pruebas suficientes”, explica.
A esto se suma que los que sí eran detenidos estaban acusados por delitos como porte de armas por lo que eran liberados dos o tres años después. Incluso algunos sustituían prisión por servicio a la comunidad y terminaban libres.
Ese trabajo es una de varias investigaciones de Gallegos usando solicitudes de información. Otro de sus reportajes destacados es “El fallido combate al lavado de dinero en México” en el que narra cómo durante 12 años la Fiscalía “investigó 5.228 casos por blanqueo de activos relacionados con los cárteles mexicanos, pero solo logró que los jueces sentenciaran a 16 personas”.
Una radiografía del narco
Uno de los ejercicios periodísticos que también usó solicitudes de información para demostrar la presencia del narcotráfico es “Narco Data”, investigación del equipo de Animal Político dirigida por la periodista Tania Montalvo.
Mapeo del crimen organizado en México (Captura de pantalla de la investigación de NarcoData).
Esta radiografía de las últimas cuatro décadas de los grupos delictivos comenzó cuando la editora iniciaba El Sabueso, proyecto de verificación del discurso. En ese tiempo escuchó a gobernadores afirmar que en su ciudad no había crimen organizado o que disminuyó el crimen. Esto hizo que Montalvo se preguntara cuál era el origen de esa información. Indagó y confirmó que “no existía más información más que el dicho”, le cuenta a LJR. Lo que sí había era “demasiada desinformación, muchos datos confusos sobre lo que realmente estaba ocurriendo con el crimen organizado”.
En 2016, hizo la primera solicitud de información sobre el crimen organizado al gobierno de Peña Nieto. Después, extendió la búsqueda a las distintas dependencias federales, autoridades locales e incluso consultó agencias de inteligencia de Estados Unidos.
Cuando recibió las respuestas confirmó que la presencia del crimen organizado era mayor que lo reconocido por las autoridades. A las solicitudes sumó su experiencia en fact-checking, la búsqueda documental, la consulta a un experto en seguridad nacional y recopilación de información oficial publicada en fiscalías estatales. Con esto, el equipo de Animal Político hizo un mapa de la presencia de la delincuencia en México.
Montalvo reconoce que el riesgo del periodista local es distinto al de los reporteros que informan desde la Ciudad de México. Con las solicitudes de información, más un proceso exhaustivo de reportería documental, entrevistas a fuentes especializadas, el equipo “pudo hacer una cobertura disminuyendo notablemente el riesgo”, afirma.
Narco Data puso en el debate público que la presencia del crimen organizado era mayor de lo que decía el gobierno mexicano.
La investigación también marcó el inicio de Animal Político en el trabajo multidisciplinario entre periodistas, programadores y diseñadores, que después ayudaría a la reconocida investigación La Estafa Maestra.
Informar sobre las víctimas
Con el incremento de la violencia en las dos últimas décadas también aumentaron las violaciones de derechos humanos. Para investigar este problema desde la mirada de las víctimas y sus familias en casos de asesinatos, un equipo de periodistas realizó el trabajo Matar en México: impunidad garantizada, una investigación colaborativa coordinada también por Animal Político en la que participó la periodista Rocío Gallegos, cofundadora de La Verdad Juárez.
Para esta investigación acudieron a la fiscalía, entrevistaron a jueces para entender el proceso judicial y realizaron solicitudes de información debido a que “es un recurso seguro porque viene de fuentes oficiales”, le dice a LJR. Esta periodista explica que las solicitudes “te permiten ponerle lupa a quienes se suponen deben procurar e impartir justicia”.
Rocío Gallegos añade que una de las ventajas de esta herramienta es que “puedes pedir acceso a investigaciones, así como solicitar acceso a las audiencias del Sistema Judicial, son audiencias públicas que muchas veces quedan grabadas en video y audio”.
El equipo estudió los procesos de investigación y enjuiciamiento posteriores al asesinato y cómo podía ser cierto que solo cinco de cada 100 asesinatos en México resultan en una sentencia de prisión.
Rocío Gallegos insiste que a toda información recibida en solicitudes le sigue el paso de “contrastar, hacer entrevistas para presentar el análisis de esos datos”.
Un gráfico del proyecto Matar en México que muestra cómo las probabilidades de que se resuelva un asesinato disminuyen a lo largo de una investigación.
Respecto a si esta herramienta es una forma segura de cubrir el narcotráfico aclara que “quizás puedes tener un mayor blindaje, pero el riesgo no lo evades”.
“Ves los datos, vas a conceptos legales, entrevistas a jueces, a los actores que realizan la persecución de delitos y ellos dicen: ‘sí hay justicia’, pero al revisar te das cuenta que nada más hay un detenido, que al presentarlo al juez su caso se acabó y lo presentaron por un homicidio”, explica y agrega que el equipo contrastó datos que les ayudó a confirmar el nivel de impunidad.
Destrezas
Las periodistas coinciden en la necesidad de acercarse a fuentes acompañantes, como académicos, que ayuden a entender el tema. De esta forma, “podemos traducir información que se vincule a la vida de las personas”, dice Montalvo.
Montalvo comparte que fue útil saber “qué hace y qué no hace una ley de transparencia, qué datos y cómo los podía solicitar, quiénes eran los sujetos obligados”.
Sobre este punto, la periodista coincide con Zorayda Gallegos, quien señala que no sólo hay que saber qué preguntar sino conocer cómo exigir la información. Para eso son necesarios los “recursos de revisión”. Ella insiste en esto porque es común que la autoridad niegue los datos o responda que no tiene la información. A esa insistencia por conseguir los datos, se le suma una destreza indispensable: organización. Por ejemplo, para su investigación desarrolló cronologías para ubicar los hechos más relevantes.
Zorayda Gallegos confirma que una respuesta común en la administración del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es la “inexistencia de la información”. Ante esto replantea la solicitud, busca conocer las estructuras del gobierno para ubicar qué autoridad debe tener la información y si es necesario, presentar recursos de revisión.
Montalvo y Zorayda Gallegos señalan que entre las dificultades que encontraron está que aún cuando habían tenido respuestas en años anteriores, tiempo después niegan esos datos. También pasa con información que anunciaban en ruedas de prensa, y luego era negada en las peticiones.
Estos obstáculos también los conoce Montalvo, quien no ha podido actualizar Narco Data con la misma metodología anterior porque “la Fiscalía niega por completo tener datos”.
Esta situación también la conoce Rocío Gallegos, aunque explica que con la pandemia por COVID-19 varios procesos se frenaron y lamenta cómo “los sujetos obligados han buscado cómo no responderte. Entonces, también tienes que aprender a defenderte dentro del sistema, aprender cómo impugnar y eso es desgastante. La apuesta es a desalentar el uso del sistema de transparencia”.
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Este artículo fue escrito por Priscila Hernández Flores y publicado originalmente por el Latam Journalism Review. Lo reproducimos en GIJN en español con su autorización. Para este artículo LJR solicitó entrevista con el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) sin tener respuesta hasta ahora.
