La serie “Manchados por el petróleo” es una investigación de la industria petrolera en la región amazónica de cuatro países sudamericanos. Imagen: Kipu Visual para Mongabay Latam.
Ríos manchados de negro corren en las aguas del pulmón del mundo. Animales moribundos cubiertos en crudo. Niños con dolores de cabeza y ardor en el cuerpo después de estar en contacto con el petróleo. Explosivos enterrados y olvidados por petroleras en territorios indígenas. La selva está amenazada por las inversiones de millones de dólares en petróleo y por los derrames imparables que esto conlleva.
Manchados por el petróleo es una investigación colaborativa de Mongabay Latam, con Rutas del Conflicto y Cuestión Pública de Colombia, La Barra Espaciadora de Ecuador y El Deber de Bolivia. El tema principal es el impacto de la industria petrolera en la Amazonía.
Los periodistas reportaron más de 1.200 derrames de petróleo en el área. Las poblaciones indígenas, así como la flora y fauna de la selva, sufren diariamente las consecuencias de manera más directa. En el trabajo se muestra que la situación en el Amazonas empeora debido a las fallas de las autoridades para tratar con los perpetradores y prevenir los derrames en Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador, cuatro países cuyas fronteras se extienden hacia la selva tropical.
Andrea Arzaba, editora en español de GIJN, entrevistó a Alexa Vélez, editora general de Mongabay Latam y la coordinadora de la investigación. Durante la conversación, Vélez profundizó en los desafíos de realizar una investigación transfronteriza de esta magnitud, de dónde obtuvieron sus datos y cómo informaron sobre el impacto en comunidades de difícil acceso.
Alexa Vélez, editora general de Mongabay Latam.
GIJN: ¿De qué trató la investigación Manchados por el Petróleo?
Alexa: “Manchados por el petróleo” fue una investigación transnacional coordinada por Mongabay Latam, que involucró a medios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Este trabajo logró establecer la magnitud del impacto de la industria petrolera en la Amazonía de los cuatro países, evidenciar la ausencia de una adecuada fiscalización estatal y mostrar los graves impactos que alcanzan a comunidades indígenas.
GIJN: ¿Y qué fue lo que encontraron por medio del trabajo colaborativo?
Alexa: Uno de los hallazgos más importantes es la falta de transparencia de las autoridades ambientales de Ecuador, Bolivia y Colombia para proporcionar la información. Para Colombia sólo se entregaron datos oficiales de empresas sancionadas en una región, la Orinoquía. Si bien el gobierno ecuatoriano señaló que entre el 2011 y junio del 2021 se registraron 1202 derrames de petróleo, no proporcionó la lista de los responsables. Bolivia ni siquiera respondió.
A pesar de eso, la información recabada de Perú y una región de Colombia nos permitió revelar un panorama preocupante: se han visto al menos 282 sanciones contra 16 empresas en Perú y 56 en Colombia… Las autoridades han impuesto 169 multas [por daño ambiental] contra 36 petroleras que operan en la Amazonía peruana y la Orinoquía colombiana, monto que supera los 55 millones de dólares.
GIJN: ¿Por qué se requería una investigación periodística del impacto petrolero en la Amazonia?
Alexa: En las últimas cuatro décadas se han reportado más de 400 derrames de petróleo en la Amazonía peruana. En el caso de Ecuador, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica dice que fueron 1.202 derrames entre el 2011 y junio del 2021. En Colombia, la ONG Crudo Transparente ha podido contabilizar, entre el 2017 y 2021, un total de 54 derrames. Y en Bolivia es imposible obtener un récord pues el hermetismo de sus autoridades es significativo.
Gracias a estas cifras consideramos que era urgente empezar a trabajar una investigación que estableciera la magnitud del impacto de la actividad petrolera y que esta información fuese de acceso libre.
GIJN: ¿Cuáles fueron los mayores retos al realizar y editar el especial?
Alexa: El mayor reto fue construir las dos bases de datos. En el caso de la que reúne las sanciones y multas, lo difícil fue acceder a información que debería ser de acceso público y revisar más de 200 expedientes, datos que a su vez tuvieron que ser estandarizados considerando las particularidades de cada país. La complejidad en el caso de la base de datos de superposición estuvo en asegurarnos que la interpretación que estábamos haciendo de la información era la correcta. Por ello tuvimos que tener varias reuniones con los expertos de cada país que forman parte de la RAISG para revisar con ellos los porcentajes de superposición en cada territorio. En el proceso también tuvimos que tomar decisiones como, por ejemplo, no incluir los porcentajes más bajos para evitar así el margen de error.
Sobre la edición de los textos, diría que el reto estuvo en conseguir que toda la información de los artículos converse entre sí. Es decir, que existiera y se entendiera la relación directa entre los hallazgos de las bases de datos y los casos que estábamos contando, pues estos son los que finalmente le dan un rostro y voz a las cifras.
GIJN: Según la investigación, ¿cuáles han sido los impactos ambientales de los derrames?
Alexa: El agua, el suelo y la flora fueron los más impactados por los derrames de petróleo en la Amazonía de Perú y la Orinoquía de Colombia. Asimismo, los daños ambientales más comunes en Perú fueron causados por derrames de crudo tras el rebose de tanques o fugas en las tuberías. En Colombia, los derrames de petróleo han afectado ríos, cauces y concesiones de aguas superficiales o subterráneas, pero también se han detectado problemas en los permisos de vertimiento de aguas residuales.
Pero no hay que olvidar que estos impactos ambientales afectan gravemente a los pueblos indígenas que viven en las áreas que han sido contaminadas. Y para entender la magnitud de este problema fue que construimos un mapa para analizar cuán significativa es la superposición entre lotes petroleros y territorios indígenas. Los mapas construidos permiten ver este panorama en los cuatro países, una imagen que realmente es abrumadora.
Mapa de Mongabay Latam que muestra campos petroleros y territorios indígenas en cuatro países. Las áreas rojas son lotes de petróleo, las áreas amarillas son territorios indígenas y las áreas moradas muestran dónde se superponen. Imagen: Captura de pantalla.
GIJN: Háblanos un poco más de la metodología de la investigación.
Alexa: Las preguntas que fueron el punto de partida de nuestra investigación fueron: “¿Cuál es la magnitud del impacto ambiental de las empresas petroleras en la Amazonía? ¿Han sido sancionadas por los múltiples y continuos derrames de petróleo?”.
Desde el inicio planeamos dos ejes de análisis: el grado y eficacia de la fiscalización estatal a esta industria y la superposición de las concesiones petroleras sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Para lo primero, se solicitó a instituciones públicas de los cuatro países las multas y sanciones impuestas contra empresas petroleras que operan en la Amazonía entre 2011 y 2021. Para lo segundo, se hizo un análisis geoespacial del territorio que incluyó 2652 comunidades y 305 áreas protegidas.
El trabajo tomó poco más de cinco meses. Al equipo periodístico sumamos a expertos en la construcción de bases de datos, en análisis geoespacial, visualizadores, productores audiovisuales e ilustradores. En total 25 personas participaron en la investigación.
GIJN: Cuéntanos más sobre el proceso del pedido de información a las autoridades correspondientes.
Alexa: Enviamos pedidos de información a 10 instituciones públicas, además de las solicitudes de aclaración, nuevos pedidos y llamadas contínuas, que fue lo que al final nos permitió construir una base de datos con la información recibida en un lapso de por lo menos dos meses y medio. En total revisamos más de 200 expedientes para extraer la información para cada una de las categorías de análisis establecidas.
Los datos obtenidos de Perú y de una región de Colombia nos permitieron revelar que por lo menos existen 282 procesos sancionadores contra 72 petroleras de Perú y Colombia, y que las autoridades han impuesto 169 multas contra 36 petroleras que operan en la Amazonía de Perú y la Orinoquía de Colombia por un monto que supera los 55 millones de dólares.
Nuestro análisis final establece que no existe transparencia desde Ecuador, Bolivia y Colombia para revelar la calidad y eficacia de su fiscalización a las empresas petroleras, a pesar de las serias denuncias que existen en sus países sobre constantes derrames e impactos ambientales. Por otro lado, expertos sostienen que las multas aplicadas en los países que sí nos dieron información, ya no tienen capacidad disuasiva y han pasado a convertirse en “un costo del negocio”.
Finalmente, con toda la información reunida, los periodistas viajaron a comunidades alejadas en la Amazonía de los cuatro países para escuchar los testimonios de quienes conviven con la industria petrolera. La cobertura incluye entrevistas a comunidades shipibas, inga, tacana, siona, nasa, kichwa, quechua, kukama, wampís y achuar.
El oleoducto trasandino en la vertiente occidental de los Andes en Ecuador. Este oleoducto une campos petroleros en el Amazonas con una refinería en la costa del Pacífico. Imagen: Shutterstock.
GIJN: Al obtener los resultados, ¿cómo presentaron la información en el reportaje?
Alexa: Con los resultados de esta información pudimos construir dos herramientas multimedia de libre acceso para los usuarios que permiten hoy explorar en un mapa y un buscador los antecedentes de las petroleras. Las herramientas abarcan los últimos diez años y es posible explorar cada caso con el detalle específico detrás de los 282 procesos sancionadores y las 169 multas.
También, construimos mapas para mostrar la superposición de lotes petroleros con territorios indígenas y áreas protegidas. En los mapas es posible explorar los nombres de las comunidades o resguardos indígenas afectados, y los nombres de cada área protegida. Asimismo, hay otra herramienta que permite al usuario explorar el porcentaje exacto de superposición en cada caso.
La investigación se tradujo en 16 historias. Las primeras sobre los casos relevantes asociados a denuncias por malas prácticas ambientales contra petroleras. Luego, tras el análisis de la base de datos, detectamos seis historias clave asociadas a las compañías más sancionadas o las que tenían problemas serios de superposición con territorios indígenas o áreas protegidas.
GIJN: ¿De qué manera realizaron análisis geoespacial y qué revelaciones mostraron con dichas herramientas?
Alexa: Conseguimos las coordenadas geográficas oficiales de todas las comunidades indígenas tituladas de la Amazonía de los cuatro países y de los lotes petroleros activos. Esta información la recabamos con cada uno de los expertos en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú que han contribuido para la construcción de mapas para la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG). Un experto en análisis geoespacial nos ayudó a traducir los mapas en bases de datos de excel para hacer el cruce de las dos capas de información. Este proceso nos permitió establecer que 1647 territorios indígenas y 52 áreas protegidas son afectados por la superposición de lotes petroleros en los cuatro países.
La información recabada nos permitió detectar casos específicos donde el impacto ambiental o la superposición con una empresa petrolera habían afectado gravemente la vida de las comunidades. En muchos casos, por ejemplo, la superposición llega al 100 por ciento.
GIJN: ¿Qué aprendizajes obtuviste, que puedas compartir con nuestra audiencia, para hacer un trabajo colaborativo de este tipo?
Alexa: Es importante enviar con tiempo los pedidos de información. Además, mandar las solicitudes en paralelo a todas las instituciones que puedan tener los datos y considerar, dentro del período de investigación, las aclaraciones y ampliaciones de los pedidos que se tendrán que volver a enviar. No es suficiente esperar la respuesta de la institución, es necesario ubicar un contacto en las oficinas de comunicaciones y a veces contar con un abogado en el equipo para insistir en la respuesta a las solicitudes. Asimismo, paralelamente, recomiendo buscar los datos en organizaciones ambientales que están mapeando los temas que nos interesa investigar, muchas veces pueden tener información que ayudará a entender el problema frente a la falta de respuesta de los Estados.
Por otro lado, siempre recomiendo que la información obtenida de las bases de datos se cruce con expertos en el tema para estar seguros de que las cifras e información conseguida y analizada es la correcta. También porque pueden surgir sugerencias o recomendaciones sobre los hallazgos obtenidos.
GIJN: ¿Qué protocolos de seguridad utilizaron al hacer la investigación?
Alexa: Para este tipo de historias, en las que hay de por medio grandes empresas involucradas, el riesgo está más en el ámbito de lo legal. Muchas empresas tienden a enviar cartas notariales o denunciar al periodista o medio de comunicación cuando no están de acuerdo con la información publicada. Para ello, recomiendo ser extra cuidadosos en la revisión de los textos, tener dos a tres niveles de edición, en los casos más complicados contar con un abogado que pueda revisar los artículos para evitar usar palabras que no sean las más adecuadas. También insistir hasta el final, una y otra vez, para obtener la versión de las empresas mencionadas en la investigación.
GIJN: ¿Cuál fue el impacto que el trabajo tuvo tras ser publicado?
Alexa: Tras la publicación, el equipo fue invitado a presentar los hallazgos de la investigación en un evento en el que participaron el Relator Especial de Desechos Tóxicos y DD HH de la ONU, Marcos Orellana, y la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García. También fuimos citados para presentar los resultados al Grupo de Trabajo sobre derrames petroleros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) de Perú. Asimismo, José Gregorio Díaz Mirabal, representante de la Coordinadora de la Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), se pronunció públicamente sobre la investigación y compartió algunas de las cifras en una conferencia durante la COP del Acuerdo de Escazú.
Mongabay Latam presentando su serie investigativa en un evento de Oxfam Perú. Imagen: Romina Rivera, Oxfam Perú
Además, cuatro medios periodísticos de la región nos entrevistaron para exponer los resultados del trabajo: IMER Noticias de México; la Radio de la Universidad del Rosario de Colombia; Radio Nacional en Perú y Radio Cultura de Argentina. Por otro lado, tras solicitar la versión del Ministerio del Ambiente de Ecuador para el reportaje “Sinchiurco está cubierta de petróleo”, la dirección de comunicación nos informó que había iniciado “las acciones administrativas legales por el derrame suscitado, a través de la Dirección Zonal 9 Sucumbíos”.
GIJN: ¿Qué más te gustaría ver como resultado de este trabajo?
Alexa: Valoro mucho el equipo periodístico que se formó para hacer el trabajo, por ello creo que el reto es conseguir ahora que la alianza de medios se mantenga unida para seguir fiscalizando a las industrias extractivas. Manchados por el petróleo es el punto de partida para otros trabajos que estamos cocinando ahora y que nos ayudará a seguir dando luces dentro de una industria poco fiscalizada, en algunos países, y bastante opaca en otros. Me gustaría que sigamos reuniendo información que es difícil de conseguir y ordenarla, analizarla y ponerla a disposición de las personas, instituciones y expertos que requieran de ella.
GIJN: Finalmente, ¿qué consejos darías a periodistas investigativos que quieren investigar el impacto el impacto ambiental de las empresas petroleras en sus países?
Alexa: Creo que el valor de construir bases de datos complicadas es que al final, cuando se logra reunir información relevante y organizarla visualmente, brinda un mar de posibilidades para narrar historias que aún no han sido contadas. Detrás de esos 282 procesos sancionadores y 169 multas hay empresas que tienen que rendir cuentas, detrás de esos 1647 territorios indígenas y 52 áreas protegidas afectados por la superposición de lotes petroleros hay conflictos socioambientales que no se han contado. Entonces, mi consejo es que volvamos a estos repositorios de datos porque hay muchos casos que han quedado pendientes y necesitan ser expuestos y trabajados con mucho rigor. No basta reunir la información, hay que seguir indagando en cada caso.
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Andrea Arzaba es periodista y la editora en español de GIJN. Como reportera y profesional de medios, Andrea ha dedicado su vida a documentar las historias de personas en Latinoamérica y comunidades latinas en EE.UU. Miembro de la International Women’s Media Foundation, es también parte del Programa para Jóvenes Reporteros (Young Journalists Program) de Transparency International.
