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En la Amazonía venezolana, a varias horas de distancia de la capital del país, las huellas de la devastación provocada por la minería ilegal se ven desde el cielo.
Aunque el área está oficialmente protegida y es hogar de varias comunidades indígenas, los grupos del crimen organizado han tomado el control de canteras ilícitas, han destruido la selva tropical e incluso construyeron pistas para llevar su botín al extranjero, según distintas ONG como Human Rights Watch. Era fácil sospechar que la devastadora crisis económica del país había empeorado el problema de la minería ilegal, pero comprender la magnitud real del problema resultaba difícil.
Una colaboración entre el periódico español El País y el medio de investigación venezolano Armando.info, miembro de GIJN, se valió de datos satelitales, aprendizaje automático y reportaje de campo para tratar de pintar una imagen definitiva del problema y esclarecer las fuerzas que lo propician. En el sur de Venezuela, lograron identificar más de 3.000 minas —la mayoría ilegales—, y áreas deforestadas equivalentes a 40.000 canchas de fútbol, muchas de ellas cerca de pistas aéreas clandestinas.
La investigación duró casi un año y se publicó bajo el nombre Corredor Furtivo. El equipo de reporteros demostró que algunas de esas pistas estaban siendo usadas por el crimen organizado para mover oro y traficar drogas.
Durante los últimos años, Venezuela ha enfrentado una profunda crisis socioeconómica que ha amplificado las actividades ilícitas y exacerbado la corrupción política, lo que ha ocasionado escasez crónica de alimentos y medicinas, la tasa de inflación más alta de la región y el deterioro de los servicios públicos, como electricidad y agua limpia.
El proyecto no estuvo ajeno a ese contexto. Los reporteros enfrentaron desafíos logísticos y de seguridad física. La dificultad para encontrar combustible, que se vuelve más escaso a medida que te alejas de Caracas, hace que sea extremadamente difícil cubrir temas en áreas remotas del país. Además, existe una mayor amenaza de violencia en el Arco Minero del Orinoco, la región donde ocurre gran parte de la minería ilegal.
Joseph Poliszuk, cofundador de Armando.Info y líder de este proyecto, ha estado reportando sobre esta área desde 2006. Esta vez quería hacer algo diferente: en lugar de investigar lo que sucedía en una sola mina, quería construir algo que les permitiera mostrar una imagen más grande.
“No es nuevo advertir que buena parte del oro sale por vuelos furtivos desde Venezuela”, señaló el equipo. “Pero un trabajo conjunto (…) permite mostrar hoy, por primera vez en el mapa de Venezuela, los puntos estratégicos que han establecido las redes de contrabando para sacar cargamentos ilícitos por vía aérea.”
El equipo usó IA para identificar y mapear minas ilegales y pistas áreas clandestinas en el sur de Venezuela.
Usar IA para mapear las minas
Al principio, el proyecto se apoyó en el periodismo tradicional: el reporteo desde campo sirvió para crear una base de datos de las áreas donde se sabía que había minas. El siguiente paso fue usar inteligencia artificial, a partir de la experiencia que adquirió Poliszuk como becario de periodismo en la Universidad de Stanford.
El equipo de Armando.info se apoyó en expertos de la organización noruega Earthrise Media, que utiliza el aprendizaje automático o machine learning, la IA y el diseño centrado en el ser humano para abordar el cambio climático. También buscó ayuda en la Red de Investigaciones de la Selva Tropical del Centro Pulitzer. Juntos crearon un algoritmo programado para reconocer y asociar imágenes similares a las tomas áereas de minas a cielo abierto y pistas clandestinas, con el fin de identificar estos patrones en la selva.
“Gracias a estos primeros ejemplos, y con la ayuda de expertos, le enseñamos al algoritmo a buscar sitios similares (en el mapa)”, explica Poliszuk.
Otro factor que los motivó a trabajar con inteligencia asistida por computadora fue la pandemia del covid-19. Con el país en cuarentena, resultaba difícil informar desde el terreno y existía la sospecha de que la actividad minera ilegal aumentaría durante ese tiempo.
“Decidimos hacerlo en pandemia, porque todavía había noticias pasando”, dice Poliszuk, quien se refiere al tráfico ilegal y al crecimiento de los grupos paramilitares.
Joseph Poliszuk, cofundador de Armando.Info, lideró la investigación. Image: Alice Vergueiro / ABRAJI (Creative Commons)
La investigación, publicada en enero de 2022, usó imágenes satelitales de alta definición para mostrar miles de puntos donde se estaba minando oro de manera ilegal en dos de las regiones más boscosas de la selva venezolana. Este tipo de minería implica talar todos los árboles en el área y extraer cantidades gigantescas de agua. Al terminar, no queda nada más que cráteres llenos de agua tóxica rodeada por tierra deforestada.
Entre las minas clandestinas mapeadas por el proyecto, los periodistas encontraron una en la Gran Sabana, un altiplano de unos 10.000 kilómetros cuadrados que sirve como puerta de entrada a la región donde se hallan los tepuyes, un punto de biodiversidad que alberga animales y plantas que no existen en ningún otro lugar del planeta.
También encontraron otro punto minero dentro del Parque Nacional Canaima, un sitio catalogado como Patrimonio Mundial de la UNESCO y que alberga la cascada más alta del mundo. Estos lugares acogen a comunidades indígenas, que tienen que convivir con los actores ilegales, soportar los impactos ambientales y, en algunos casos, participar en la destrucción a través del reclutamiento forzoso.
Más allá de rastrear la existencia de estas minas ilegales, los periodistas querían identificar quién estaba detrás de ellas.
El equipo encontró una mina de oro ilegal controlada por disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), una organización guerrillera que alguna vez dominó grandes extensiones del territorio fronterizo.
Pero las FARC no son la única presencia armada en el país.
La segunda parte del proyecto, El quién es quién de los cárteles criminales al sur del Orinoco, muestra un mapa de los grupos de crímenes organizados que están activos en la región. Los reporteros encontraron que dos agrupaciones que habían estado involucradas en el conflicto armado en Colombia, ahora están presentes en Venezuela. Estas dos fuerzas tienen un pacto de no agresión en las zonas mineras y se cree que están reclutando a poblaciones indígenas.
Esta segunda parte de la serie se hizo analizando tres años de noticias y cifras oficiales, con lo que se creó una base de datos. “Este proyecto es un híbrido de periodismo de datos y reportaje tradicional sobre el terreno”, dice Poliszuk.
Mantenerse a salvo
María de los Ángeles Ramírez, reportera radicada en Venezuela, fue una de las periodistas que cubrió sobre el terreno la minería ilegal. Cuidarse fue clave para realizar este trabajo. De ahí que el equipo de Armando.info se aseguró de tener un protocolo de seguridad antes, durante y después de las entrevistas.
Ramírez usó una aplicación llamada Life360, que sirve para que un grupo de personas en las que confías (tu “círculo”) te rastreé desde lejos. Tiene una función que permite compartir tu ruta en tiempo real, actualizándose cada dos segundos. También se valieron de Confluence, un espacio de trabajo en equipo remoto donde se puede organizar un proyecto, y Signal, una aplicación de mensajería que utiliza encriptación de extremo a extremo, para compartir información de manera segura.
Aparte, siguieron las recomendaciones de seguridad de la Alianza ACOS, de la que es miembro el Centro Pulitzer, para saber cómo realizar una evaluación de riesgos e identificar rutas, transporte, contactos y una estrategia de comunicación en caso de emergencia.
Armando.Info construyó una base de datos que detalla los diferentes grupos criminales al sur del río Orinoco en Venezuela. Imagen: Captura de pantalla
Para cada uno de los viajes, el equipo estableció con qué frecuencia se comunicarían entre sí, qué números de teléfono iban a utilizar (para asegurarse de que estaban usando un proveedor que funcionara en la selva) y siempre contaban con contactos de emergencia alternativos, en caso de que la redacción no pudiera localizar al periodista.
Una colega que investigó desde Amazonas –otro estado fronterizo de Venezuela– fue monitoreada por teléfono durante su viaje de reporteo, a partir del momento en que salió de Caracas. En virtud del riesgo que suponía realizar este reportaje, el equipo siempre tuvo claro que si las cosas se ponían peligrosas, cambiar de rumbo era la mejor opción. En Amazonas, por ejemplo, tuvieron que ajustar su plan tras recibir una alerta de que grupos armados de la zona sabían que había un periodista presente.
“Reportear en el sur de Venezuela es un reto. Tienes que saber de antemano qué quieres hacer, a dónde quieres ir y qué comunidades vas a visitar”, explica Ramírez, para quien fue importante trabajar en el terreno, para cotejar la información con el mapeo y la base de datos. “Esto nos permitió tener confirmación y testimonios de las cosas que estábamos viendo en los informes”.
“Combinar tecnología y reportajes de campo fue un éxito para este proyecto”, coincide Lisseth Boon, periodista venezolana de investigación con experiencia en la cobertura de minería ilegal, quien formó parte del equipo. “En especial, cuando tenemos en cuenta que estamos hablando de un área de muy difícil acceso”.
“Reportear en el sur de Venezuela es un reto. Tienes que saber de antemano qué quieres hacer, a dónde quieres ir y qué comunidades vas a visitar” – María de los Ángeles Ramírez, periodista
Trabajar en conjunto con 10 periodistas de El País también permitió llevar a buen término la investigación. “El País fue clave en la visualización y edición de datos. No solo permitieron que la obra tuviera más difusión, sino que blindaron la postproducción”, comenta Ramírez.
Lecciones aprendidas y el impacto a futuro
Boon asegura que el proyecto fue bien recibido. Sin embargo, la crisis en Venezuela es tal que los impactos tangibles serán difíciles de detectar por ahora. En su opinión, eso no significa que los esfuerzos hayan sido en vano. Ante la censura, es importante informar sobre este tema, para que las personas fuera del país puedan aprender más sobre lo que está sucediendo y hacer un diagnóstico más objetivo que podría ayudar a las organizaciones a abordar la situación del país.
Poliszuk agrega que uno de los aportes más importantes del proyecto fue confirmar las denuncias de los pueblos indígenas que habitan estas regiones, quienes durante años han advertido sobre la minería ilegal y el devastador impacto ambiental que puede tener sin ninguna respuesta oficial.
Por su parte, Ramírez asegura que esta experiencia con base de datos e inteligencia artificial ha cambiado su forma de trabajar. “Este proyecto me enseñó a sistematizar la información”, dice. “Tengo muchos años de experiencia trabajando en esta área, pero este conjunto de datos me enseñó lo útil que es hacer un seguimiento diario y agregarle información. Eso te permite entender mejor las cosas”.
“Nuestro plan es hacer crecer esta base de datos. Hay muchos temas que podemos abordar a partir de ahí”, agrega Ramírez. “La realidad es que estas redes del crimen organizado no saben de fronteras. Este no es un problema solo del sur de Venezuela: es un problema del país y de la región”.
Recursos adicionales
Cómo reporteros analizaron 20 años de datos sobre incendios en áreas protegidas de Venezuela
Cómo Armando.info continúa reporteando sobre Venezuela desde el exilio
Mis herramientas favoritas: Lisseth Boon, diseño y visualización de datos
Mariel Lozada es la editora asociada de GIJN en español. Periodista residenciada en Nueva York, tiene una maestría de la Craig Newmark Graduate School of Journalism en CUNY, y ha reporteado sobre temas de salud, género, migración y derechos humanos. Trabajó con Efecto Cocuyo y ha colaborado con medios latinoamericanos como La Tercera y Salud con Lupa.