Vigilia en Ciudad de México por los cinco periodistas han sido asesinados en el país en lo que va del año, más que en cualquier otro. Imagen: Shutterstock

Desde México, el país más peligroso para ejercer periodismo en el mundo; pasando por El Salvador, donde los medios de comunicación independientes lidian con sofisticados programas de espionaje y acoso por parte del poder Ejecutivo; y hasta Perú, donde se siembra un precedente alarmante de acoso judicial contra periodistas, la prensa en América Latina resiste. Las redes y la solidaridad gremial se han volcado a denunciar y hacer visible los riesgos del oficio, a hacer de la seguridad prioridad y a blindar la información. 

“La situación en México es un desastre”, dice Marcela Turati, perseguida por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) —ahora Fiscalía General— de Enrique Peña Nieto, mientras indagaban en la matanza de 196 personas halladas en 48 fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas. 

En los primeros meses de 2022, 5 periodistas fueron asesinados en México. Desde el año 2000 hasta la fecha se registran 150 periodistas asesinados y 25 desaparecidos por causas posiblemente vinculadas a la profesión. Además está subiendo el acoso desde el poder, personificado por el presidente Andrés Manuel López Obrador que ataca a los periodistas abiertamente, dice Turati. 

La periodista mexicana -así como varios de sus colegas en El Salvador- confirmó recientemente que su celular había sido hackeado por el programa israelí Pegasus, que suele ser comprado por gobiernos para espiar a periodistas. En cambio desde El Salvador, ya tenían sospechas. 

“Nosotros ya estábamos trabajando con tres organizaciones para analizar nuestros dispositivos y terminamos confirmando que de una organización de 36 personas, 22 habíamos sufrido espionaje con Pegasus”, cuenta José Luis Sanz, uno de los directores del medio El Faro y su actual corresponsal en Washington. 

Aunque en Perú la situación no es tan hostil, el periodista Christopher Acosta ha sido víctima de una serie de hostigamientos judiciales, desde demandas sobre propiedad intelectual hasta una sentencia en su contra luego de la publicación de su libro “Plata como cancha” (Penguin, 2020) sobre la vida del magnate y político César Acuña.  

“Se está generando la instrumentalización de la justicia por parte de políticos y poderes fácticos para perseguir a los periodistas”, señala. 

Estos tres periodistas participaron junto a la moderadora Silvia Viñas en el foro virtual de la Red Global de Periodismo de Investigación “Periodistas bajo ataque”, y relataron sus experiencias en medio de batallas legales, persecuciones a través del spyware Pegasus, o amenazas de muerte. 

¿Usan el espionaje como política?

Marcela Turati se enteró de que estaba siendo espiadas cuando salió a la luz el Pegasus project y se filtraron las listas de los más de 50,000 números que habían sido infectados por este software. “Sin pedir orden de juez, la fiscalía nos espió y para no tener que argumentar al juez nos vinculó con delitos de secuestro y de delincuencia organizada”, cuenta la periodista. Aunque esto ocurrió en 2016, ella desconoce si la situación continuó con el tiempo. El espionaje lo relaciona con la investigación que realizaba en su momento sobre la masacre de Tamaulipas.

Pero en la redacción de El Faro no es tan evidente qué lo desencadenó. “Se diluyen las razones por las cuales nos atacan y nos cuesta identificar cuáles son las investigaciones que preocupan”, dice Jose Luis Sanz. Pero añade que eso revela una verdad: el problema que ellos ven es el periodismo, es que haya equipos de periodistas con capacidad de fiscalizar y exigir al poder que rindan cuentas.

“Yo fui de las primeras personas a la que se hackeó, lo que es lógico porque era el director y eso les permitía tener acceso a las relaciones y saber cómo operaba el periódico, pero para destacar lo que es evidente, hackearon hasta la gerente de comercialización, gerente administración”, dice Sanz y sostiene que con esa actitud lo único que se busca es dañar al periodismo.  

El Faro cree que el Gobierno estuvo detrás de las escuchas telefónicas, aunque una portavoz del presidente lo ha negado. Sin embargo, frente a un clima cada vez más hostil, Sanz dice que es fundamental que se tome conciencia de que hay que romper esta idea de que los grupos criminales son los únicos actores en contra de periodistas.

“Nuestra experiencia en términos de amenaza y grados de riesgos, han estado asociados al Estado o a grupos corruptos del Estado, como instituciones estatales y la policía”, dice. Y aunque reconoce haber recibido amenazas por parte de las pandillas o del crimen organizado, esas han sido muy circunstanciales y por casos específicos. 

“El aparataje del Estado empieza a funcionar contra el periodismo, y contra nosotros específicamente. El espionaje lo hacen para poder tener acceso a nuestras fuentes y es una cosa de terror para cualquiera que quiera colaborar, se golpea a los periodistas pero se intimida a toda la sociedad para que se aleje de los periodistas, para que teman colaborar con los periodistas y con la transparencia”, dice Sanz. 

En México es similar, según señala Turati. “Se piensa que en México los asesinos vienen del crimen organizado, pero lo que vemos es que los principales acosadores son funcionarios públicos”, sostiene. “Los temas que más molestan son la corrupción, los hechos policíacos, las denuncias de crímenes. Otro patrón tiene que ver con los mega proyectos empresariales, narcotráfico. Te quitan del medio cuando hay mucho dinero”, señala. 

El mismo presidente promueve un acoso constante desde el poder. “Hoy justamente acaba de decir que todos los periodistas somos corruptos, deshonestos, criminales, que somos el hampa del periodismo y esto solo por las investigaciones que le molestan”, comenta.

Muchas de las agresiones se centran periodistas de regiones, lejos de los grandes medios. “De 150 periodistas que han sido asesinados, sólo 2 eran de Ciudad de México. Las agresiones van a la prensa local, periodistas con menos capacidades de redes, de responder, para activarse y para protegerse”, explica Turati.

En México los ataques ocurren en medio de la rutina, cuando sacan el automóvil para ir a la escuela, cuando salen de la redacción, eso significa que antes hubo seguimiento, comenta Turati y explica que en la mayoría de los casos antes tuvieron advertencias. “En países como México donde llevas tanto tiempo amenazado, es difícil saber qué es real”, dice la fundadora de la red de Periodistas de a Pie, desde donde se empeña en crear redes y trabajo en equipo, porque se ha demostrado cómo esto ayuda a mitigar los riesgos. Estas son sus recomendaciones:

• No hacer investigaciones solo o sola. 
• Asumir que todo lo que decimos está siendo escuchado. 
• Usar comunicaciones encriptadas como Signal, correos seguros y revisar qué subes a la nube. 
• Para comunicarse con el grupo, activar el uso de palabras claves para advertir riesgo. 
• Crear protocolos de actuación con el equipo 
• Tener pasaporte vigente y dinero a disposición en caso de que se necesite huir. 
• No firmar las investigaciones que puedan generar un riesgo hacia ti. 
• Hacer alianzas con periodistas de afuera que puedan hacer públicas las informaciones desde el extranjero y sin correr peligro. 
• Estar atentos al tema emocional y mental, y, de ser necesario, asistir a terapia. 

Cuando la justicia amedrenta a periodistas

Aunque la vulnerabilidad de los periodistas de Perú no sea tanta como la de los mexicanos, para Christopher Acosta es alarmante que desde el sistema judicial, afilado junto a figuras que ostentan gran poder económico y político, se genere este amedrentamiento y acoso. “Alarma que los jueces están aceptando esas demandas”, dice. 

“En el caso de Perú los actores contra el periodismo están perfectamente identificados:  son los poderes económicos (…) Hay colegas que han sido acusados luego de publicar investigaciones sobre abusos sexuales y psicológicos por ciertas figuras religiosas”, dice. Los periodistas tienen que enfrentar, así como él mismo lo vivió, una retahíla de demanda judiciales y en algunos casos estas demandas ni siquiera están ligadas a su trabajo periodístico, sino que envían por ejemplo a ciudadanos de lugares lejanos a demandar por cualquier cosa. 

El caso de Christopher Acosta fue ampliamente difundido por diversos medios de comunicación nacionales y redes internacionales, lo que provocó lo contrario a los deseos de quien impulsó la persecución judicial contra el periodista. “Él quería que no se conociera y consiguió lo contrario: el libro va por su 9 reimpresión”, dice. 

Estos ataques no son situaciones aisladas, lo que buscan es dañar el periodismo y, en el caso de Acosta, una sentencia como la que tuvo no solo le perjudica a él sino al gremio. “Demandar a un periodista abona a la idea de que quizá lo que dice no sea cierto”, y es sembrar la duda de quienes trabajan para exponer lo que el poder no quiere admitir. 

Los panelistas estuvieron de acuerdo en algo: los reporteros deben cuidarse unos a otros, construir un frente unido y colaborar.

“Nadie puede protegerse solo”, asegura Sanz. “Estamos en una época en la que todos entendemos que nada está por encima de la seguridad de los colegas y aquellos que no tiene la redacción, les aseguro que los mejores medios están dispuestos a incorporar en sus protocolos a periodistas que trabajan freelance. En esto estamos juntos”, completa.

Recursos adicionales

Ayuda de emergencia y defensa legal (inglés) 

Seguridad y protección para periodistas (inglés)

Investigar bajo ataque: el valiente periodismo de El Faro en América Latina

María Laura Chang es una periodista independiente venezolana que vive en Buenos Aires. Se especializa en temáticas sociales como los derechos humanos, salud sexual y reproductiva y migración. Actualmente forma parte del equipo de comunicación de Chicas Poderosas y le interesa impulsar investigaciones trasnacionales y colaborativas.