La investigación histórica es esencial en un país que entierra los capítulos oscuros de su historia, dice la periodista Trina Roache. Imagen: Cortesía de Roache
Desde las muertes en prisión hasta los desplazamientos forzosos y desenmascarar a las tribus falsas: los periodistas indígenas están desenterrando historias revolucionarias desde y para sus comunidades, dijo Suzanne Dredge, productora de Australian Broadcasting Corporation Investigations e indígena wiradjuri.
Ya era hora, añadió mientras moderaba el panel de líderes en periodismo indígena en la 12ª Conferencia de Periodismo de Investigación Global (#GIJC21).
“Las investigaciones indígenas son importantes. Necesitamos que más periodistas y más organizaciones mediáticas le presten atención a los problemas sistemáticos que afectan a las comunidades indígenas de todo el mundo”, dijo Dredge. Las perspectivas que aportan estos periodistas al hablar de las injusticias estructurales derivadas del colonialismo, y su experiencia lidiando con ellas, están cambiando la manera en la que las salas de redacción conducen investigaciones indígenas.
Durante la sesión, tres reporteros indígenas de Canadá, Australia y Estados Unidos compartieron su trabajo más reciente, y algunos de ellos resaltaron que la colaboración ha marcado una gran diferencia.
La “historia de creación” de Canadá
Trina Roache, integrante de la Glooscap First Nation y galardonada periodista audiovisual mi’kmaw en Canadá, ha pasado horas y horas en archivos, buscando pistas que le ayuden a desvelar el pasado del país y cómo ha tratado a sus comunidades indígenas.
Señala importantes descubrimientos recientes que llevaron a encontrar fosas comunes con más de mil niños en las llamadas “escuelas residenciales”, que operaron desde 1883 hasta 1996. Han sido descritas como campos de concentración para niños nativos.
Roache dijo que los registros históricos son una fuente importante para los periodistas investigativos que cubren —o, más bien, descubren— abusos estatales. Y son esenciales para desenterrar detalles sobre los capítulos oscuros de la historia de un país que quiere mantenerlos escondidos, añadió.
“Las decisiones del pasado llegan hasta el presente”, dijo Roache. “Y, honestamente, Canadá tiene una historia de creación que distorsiona la realidad, en especial para las personas nativas”.
El trabajo de archivo más reciente de Roache se enfocó en los efectos a largo plazo de los desplazamientos forzados, o lo que el departamento de Asuntos Indígena llamaba “centralización” de los mi’kmaq (plural de mi’kmaw) durante la década de 1940. Para su historia, Uprooted (Desarraigados), Roache se basó en fuentes como los registros del Indian Affairs RG10, la Biblioteca y Archivos de Canadá, debates parlamentarios recopilados en Hansard, y registros eclesiásticos, los cuales fue un reto conseguir porque las instituciones religiosas que dirigían las escuelas residenciales por lo general le negaron el acceso.
Además de ser perseverantes, en especial al enfrentarse a montañas de papeles, Roache dijo que los reporteros deben abordar los archivos con preguntas muy específicas. Eviten que los abrumen, recomendó, añadiendo que estos documentos solo ofrecen parte de la historia.
“Los registros de archivo son palabras en papel”, dijo. “Principalmente, hablamos con las personas y ellas siempre ponen las cosas en perspectiva”.
La base de datos de la injusticia australiana
El sistema penitenciario australiano había dejado de contar cuántas personas morían en prisión. Los reportes de los forenses demostraron que muchos prisioneros y detenidos registraban la misma causa de fallecimiento: “problemas médicos” o “auto-lesiones”. Pero parecía que las personas aborígenes tenían mucha mayor probabilidad de morir estando detenidas.
“Sabíamos que algo estaba mal”, dijo Lorena Allam, perteneciente a los pueblos Gamilaraay y Yuwalaraay y galardonada editora de temas indígenas de Guardian Australia. “Cuando nos dimos cuenta de que no estaban conservando la información, decidimos que nosotros debíamos hacerlo”.
El equipo periodístico de Allam pasó varios meses analizando cada reporte forense disponible que estuviera relacionado con la muerte de una persona aborígen en prisión a partir de 2008. Los documentos relacionados con las muertes que no habían sido investigadas se recopilaron y verificaron y los casos se contrastaron con 37 puntos de datos. También se registraron todas las muertes no-aborígenes desde 2010 hasta 2015 para realizar un análisis comparativo.
Todo terminó en una base de datos, que se convirtió en parte del proyecto Deaths Inside de 2018, que llevó a una serie de historias y seguimientos conforme la información siguió aumentando:
- El equipo descubrió que más de 474 personas aborígenes habían muerto en prisión desde 1991.
- Un artículo de 2020 añadió actualizaciones y reportó que el porcentaje de muertes indígenas en las que se necesitó atención médica en algún punto y esta no se proporcionó fue el 38%. La base de datos también demostró un aumento en los fallecimientos entre 2018 y 2019.
- Se publicó una actualización que profundiza en las diferencias entre los casos de muertes en prisión que involucran a personas aborígenes y aquellos relacionados con personas no-aborígenes. Por ejemplo, los aborígenes que murieron en custodia tenían una mayor probabilidad de no haber sido acusados de ningún delito.
- Un reportaje de 2021 ofreció el perfil de algunos indígenas que murieron en prisión y de sus familias. Estas víctimas se seleccionaron específicamente, en parte, porque sus familias dieron su aprobación para utilizar sus nombres e imágenes en el artículo. Normalmente, utilizar nombres y fotografías de las víctimas es una violación de antiguas leyes aborígenes, ya que estas comunidades consideran que perturba al espíritu del fallecido.
Estas historias obligaron al gobierno a establecer un grupo especial para investigar el tema e incitaron protestas. Además, iniciaron una conversación nacional al respecto. Sin embargo, Allam expresó enojo y frustración por haber cubierto fallecimientos en prisión durante 30 años y que estos sigan sucediendo. Aún así, esto es solo el inicio de esas historias, dijo. “Las comunidades esperan que continuemos contando las historias que ellos quieren que se cuenten”, añadió. “Y el sistema de encarcelamiento y prisiones en Australia es uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos”.
Un mapa que muestra las masacres que involucran a comunidades aborígenes australianas y a colonos. Imagen: captura de pantalla tomada del mapa interactivo “Colonial Frontier Massacres in Australia, 1788-1930” de la Universidad de Newcastle.
Estados Unidos: Exponiendo historias escondidas
En 2019, Global Investigative Journalism Network invitó a periodistas indígenas de siete países a la Conferencia Global anterior (#GIJC11) en Hamburgo, Alemania. De las reuniones del grupo emergió una red internacional de periodistas investigativos indígenas afines.
Dos años más tarde, innovaron con una historia llamada Manual contra los indígenas. Incluía a periodistas indígenas de The Aboriginal Peoples Television Network, Guardian Australia, High Country News y Texas Observer, colaborando con el Indigenous Investigative Collective y el Economic Hardship Reporting Project. El reportaje documentó algunas de las prácticas más comunes utilizadas por organizaciones anti-indígena y sus simpatizantes para perjudicar los derechos colectivos de los pueblos nativos.
La historia daba detalles sobre grupos en Montana que fueron creados para eliminar las reservas indígenas en el estado y destruir a la Oficina de Asuntos Indígenas por medio de demandas y batallas legales. También ilustraba cómo algunas de las organizaciones ambientales mayoritariamente blancas promueven la idea de que las poblaciones nativas no tienen la capacidad de administrar los hábitats naturales.
“Gracias al apoyo de GIJN, periodistas indígenas de todo el mundo se reunieron y discutieron ideas potenciales”, recordó Tristan Ahtone, un miembro de la tribu Kiowa y editor en jefe de Grist. “Nos dimos cuenta de que la historia del Manual contra los indígenas tenía algunos temas comunes relevantes para todas nuestras comunidades”.
BINGO: Reporting in Indian Country Edition es una herramienta para identificar si se está cayendo en lugares comunes y estereotipos mientras se hace periodismo. Imagen: Asociación de Periodistas Nativos Americanos (NAJA, por sus siglas en inglés).
Ahtone, que ayudó a organizar la Guía de GIJN/NAJA para periodistas de investigación indígenas, contribuyó a la segunda investigación colaborativa con un equipo distinto de reporteros indígenas de Searchlight New Mexico, Indian Country Today y High Country News. Se propusieron determinar cuántas personas indígenas habían muerto por COVID-19. En el pico de la pandemia, los periodistas de Estados Unidos reportaron un alto índice de mortalidad entre el pueblo navajo, pero estaban contando solo las muertes que se producían dentro de las reservas. Esto quería decir que miles de muertes no estaban siendo contabilizadas. Pero el intento de conseguir la información fue bloqueado por la burocracia: las solicitudes de información realizadas en los cuatro estados de los Estados Unidos donde radica la población navaja fueron denegadas por varias agencias gubernamentales, alegando protección de la privacidad.
“Cuando los cuatro estados nos negaron el acceso a los registros públicos, supimos que la situación debía tener implicaciones a nivel nacional”, dijo Ahtone. “Si no podíamos conseguir datos para examinar el impacto del COVID-19 en esta región, sería imposible extrapolar cualquier información de utilidad que pudiera darnos una perspectiva general de cómo la pandemia había afectado a 576 naciones en todo el territorio estadounidense”.
El resultado fue un artículo publicado en High Country News, titulado Un sistema roto: es posible que nunca conozcamos el número de personas nativas que murieron debido al Coronavirus. La historia concluyó que el “conteo de muertes indígenas, independientemente de cómo murieron, es terriblemente inexacto —y corregirlo probablemente sea imposible sin un sistema unificado para rastrear los problemas sanitarios de las comunidades nativas y sin regulaciones que exijan que los certificados de muerte meniconen la pertenencia a un grupo indígena, raza y etnicidad del difunto—”.
Otro proyecto de Ahtone y High Country News, Land-Grab Universities (Expropiación Universitaria), reveló cómo se arrebataron 10.7 millones de acres de 250 tribus, bandas y comunidades para construir universidades en todo Estados Unidos. La investigación involucró construir una base de datos geográficos a la medida para mapear unas 80,000 parcelas de tierra en 24 estados.
Ahtone dijo que el éxito de estas investigaciones —o el solo hecho de que se hayan realizado— demuestra que las historias indígenas deben involucrar a personas indígena. “No pueden realizarse investigaciones sobre las comunidades indígenas éticamente si no participa en la historia algún periodista, fotógrafo o editor indígena”, insistió Ahtone. “Lo equiparo a… un medio sin hispanoparlantes cubriendo la frontera entre Estados Unidos y México”.
Recursos adicionales
Exponiendo como las universidades estadounidenses se aprovecharon de tierras indígenas
Guía de GIJN/NAJA para periodistas investigativos indígenas
Las voces originarias que están combatiendo las mentiras en los Andes y la Amazonía
Corrección: La versión original de esta historia declaraba erróneamente que el trabajo de Roache había llevado al descubrimiento de las fosas comunes de niños indígenas. En realidad, la existencia de estas fosas ya había sido revelada. GIJN lamenta el error.
